Invasión de EE. UU. a Panamá, un daño aún sin reparar tras 34 años

En la casa de la familia Rodríguez Torrero, en el barrio de Bella Vista de la capital panameña, las navidades no volvieron a ser las mismas luego de que Alejandro Antonio Hubbard Torrero, de 24 años, muriera durante la invasión estadounidense a Panamá del 20 de diciembre de 1989.

Por Luis Alberto Sierra G.

PANAMÁ, (Xinhua) — Juan Carlos Rodríguez Torrero, quien tenía entonces 12 años y era el medio hermano menor, le había llevado el almuerzo a Alejandro a su trabajo el 16 de diciembre, como se lo pidió la madre de ambos, sin saber que esa iba a ser la última vez que él lo iba a abrazar.

En entrevista con Xinhua en Ciudad de Panamá y al conmemorarse el próximo miércoles 34 años de la intervención militar y por segundo año consecutivo como un Día de Duelo Nacional conforme al decreto de una ley firmada en marzo de 2022, Juan Carlos compartió una foto que muestra a Alejandro ensangrentado y tendido boca abajo en el piso de una calle, al lado del auto en que viajaba y que se presume fue alcanzado durante la invasión por una tanqueta.

En la foto se ve también a un militar estadounidense con una cámara fotográfica captando el momento.

A pesar de la foto, Juan Carlos señaló que hasta la fecha no han aparecido los restos de su medio hermano, no tienen un acta de defunción ni saben el paradero del cuerpo.

Recordó que antes de lo ocurrido, él y sus hermanos gemelos Luis y Carlos solían sentarse bajo el árbol de Navidad en la casa en Bella Vista a la espera de que Alejandro les llevara regalos.

«Luego de los hechos del 20 de diciembre no fue igual. Ya no poníamos arbolito con su decoración y con los regalos, porque teníamos ese sentimiento que él (Alejandro) había partido de este mundo», recordó con voz entre cortada.

Dijo que su medio hermano mayor los cargaba sobre sus hombros mientras simulaba ser Superman y también les conseguía becas de estudio, pues siempre se hizo responsable y estuvo interesado en que todo anduviera bien entre la familia.

«Sufrí bastante (…) En lo personal, no aceptaba la muerte de mi hermano y eso de verdad que fue muy, muy, muy palpable en los momentos de estudio y en la parte social», expresó.

Alejandro se desempeñaba como secretario de la Juventud del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y estaba terminando sus estudios en Derecho y Ciencias Políticas, señaló Juan Carlos.

Añadió que Alejandro fue muy nacionalista, viajó a Noruega para estudiar derechos humanos y también fue «boy scout», bailarín de salsa y activista en los colegios donde estudió.

Mencionó que Alejandro le llevó a su mamá el 19 de diciembre de 1989 un vestido por la celebración del Día de la Madre, que se festeja a inicios de ese mes en Panamá y cuyo regalo estaba pendiente, la cual fue la última vez en que ambos tuvieron contacto.

Juan Carlos escuchó versiones de que Alejandro acudió después a una actividad en la Casa del Periodista, de donde lo buscaron luego en un auto para ir a ver los hechos ocurridos en el populoso sector capitalino de El Chorrillo, afectado por la invasión.

En su opinión, el Ejército, el Estado y el Gobierno de Estados Unidos se tienen que encargar de una reparación no solamente «física», sino también psicológica, a todos los familiares y víctimas de lo ocurrido el 20 de diciembre en Panamá, ya que no hubo ningún seguimiento sobre lo que les pasó.

Tras la incursión militar, fue detenido el «hombre fuerte de Panamá», el general Manuel Antonio Noriega, quien fue condenado después por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

En julio de 2016, durante el Gobierno del entonces presidente panameño, Juan Carlos Varela (2014-2019), se creó la Comisión del 20 de Diciembre de 1989, con el mandato de investigar en qué consistieron las violaciones a los derechos humanos y al derecho penal humanitario, además de establecer la identidad de las víctimas.

El presidente de la Comisión del 20 de Diciembre, Rolando Murgas, subrayó en entrevista con Xinhua en la sede de la organización en la capital panameña que «la invasión fue una agresión desproporcionada (…) y que no tiene ninguna o no tuvo ni tendrá jamás ninguna justificación ni jurídica ni moral».

Explicó que antes de la invasión el país tenía un problema interno, el cual correspondía resolver a los panameños y por lo tanto los motivos que identificaron los invasores en la que llamaron «Operación Causa Justa», no tienen ningún fundamento.

Aseguró además que no había ninguna amenaza contra el Canal de Panamá para justificar la intervención.

Sobre el número de fallecidos de la invasión, Murgas señaló que existen distintas estimaciones; sin embargo, en el caso de la Comisión la cifra que conocen no llega a 500, más de la mitad de los cuales están plenamente identificados, en tanto que en los otros se está en el proceso de corroborar todos los datos.

A su criterio, el mayor logro ha sido la generación de conciencia frente a un hecho al cual lamentablemente se le dio la espalda durante 30 años.

Murgas dijo que algunas de las violaciones al derecho internacional humanitario por parte de Estados Unidos «fue no haber dado un trato decoroso a los cadáveres», los cuales fueron depositados en bolsas en el cementerio.

«Corresponderá al Estado panameño hacer una reclamación indemnizatoria a los Estados Unidos de América. Eso está pendiente, y debería estar en la agenda de los futuros Gobiernos», agregó.

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