Se trata del Decreto 893 de mayo de 2017 por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con lo que se busca priorizar la implementación de los planes sectoriales en las zonas establecidas dentro del Acuerdo Final de la Habana.
Voceros de las FARC en Risaralda lamentaron que municipios como Pueblo Rico y Mistrató que en el pasado han sido regiones afectadas por el conflicto armado quedaron por fuera de este Decreto.
John Alexander Bermúdez Pachón, quien hace parte del voluntariado de la implementación de los Acuerdos de Paz en La Habana, Cuba, en diálogo con RISARALDAHOY.COM, lamentó que la dirigencia de estos municipios, inclusive el mismo gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, hayan guardado silencio frente a este hecho.
¿Usted como líder social, oriundo de Pueblo Rico, qué puede decir sobre la exclusión de estos municipios risaraldenses del Decreto 893?
Da tristeza, es negar rotundamente que en Mistrató y Pueblo Rico no hubo un conflicto, cuando tiempo atrás los pobladores de estos municipios fuimos señalados simplemente por ser de un pueblo donde había subversión. Todo lo que se vivió en estos dos municipios; las mismas tomas guerrilleras, la toma a la Base de Montezuma, la toma a Santa Cecilia, los camiones incinerados sobre la carretera, lo que tuvo que vivir la misma población en medio de este conflicto, tanto la fuerza pública como los grupos armados. Era bastante difícil hace ocho años atrás aquí en Pereira, decir que uno era de Pueblo Rico o Mistrató, porque la gente nos señalaba, nos miraban con desprecio, con ese miedo. Fueron tantas cosas las que sucedieron, cuando los campesinos o la misma gente viajábamos hacia Pereira, las requisas por la fuerza pública, casi que nos hacían desnudar cuando veníamos a la capital.
¿Qué significa para Pueblo Rico y Mistrató, el hecho de que no estén en este decreto de municipios priorizados?
Risaralda como tal pierde mucho, en especial Pueblo Rico y Mistrató, porque se pierde de los beneficios de los que se habla en el Acuerdo. Construcción de vías terciarias que tanto requieren estos municipios para que los campesinos realmente se puedan desarrollar y puedan sacar sus cosechas. Se habla del desarrollo agrario, la electrificación a todas las veredas.
¿Qué dice la delegación de las FARC sobre este tema?
Con mucho respeto ellos dicen que da tristeza que la misma dirigencia no haya prestado atención, que hayan negado que hubo un conflicto acá en Risaralda. La misma dirigencia fue quien negó siempre que aquí en Risaralda no había grupos armados, que no había conflicto. Quienes deben de luchar para que esos acuerdos se cumplan, se hagan realidad, se ejecuten en las regiones son las mismas personas que vivieron el conflicto.
¿Por qué cree usted que no ha habido un pronunciamiento o reclamo de la dirigencia regional?
“El Decreto 893 salió en mayo y la dirigencia lo ha tenido oculto, no han mencionado nada. Sólo unos cuantos líderes hemos esculcado, hemos mirado este tema y los hemos venido ventilando, pero hoy los Alcaldes de estos mismos municipios que son quienes deben estar atentos de todo este proceso no han dicho nada. Recordemos que hubo un ex gobernador que hasta el último día de su mandato negó que en Risaralda hubiera grupos armados. Hoy todavía opera el ELN acá en Risaralda y el último frente guerrillero de las FARC salió el 8 de diciembre de 2015 de Mistrató y Pueblo Rico.
AUDIO/ JOHN ALEXANDER BERMÚDEZ PACHÓN
QUE CONTEMPLA EL DECRETO 893
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural creó los Programas de Desarrollo Territorial –PDET– siendo instrumentos de planificación y gestión para la implementación prioritaria de los planes sectoriales en el marco de la Reforma Rural Integral así como de las medidas relacionadas que establece el Acuerdo Final para la Paz.
Los PDET se formulan por una sola vez y tendrán vigencia por 10 años, su coordinación estará a cargo de la Agencia de Renovación del Territorio. Estos programas tienen como objetivo la transformación estructural del campo y el ámbito rural, gestionando un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad en las zonas que se priorizaron para asegurar el bienestar, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar, las formas propias de producción de los pueblos y la integración de las regiones que han estado abandonadas y golpeadas por el conflicto.
