Pereira - Risaralda - Colombia - 2018 /

NO ES PENALIZANDO, ES EDUCANDO

En junio de 1971 en EE. UU., el presidente de entonces, Richard Nixon, dijo lo siguiente en un discurso en que declaró “la guerra contra las drogas”: “El consumo de drogas ha asumido las dimensiones de una emergencia nacional”. Cuarenta y siete años han pasado desde entonces, y ese país sigue con una política inmodificable en su lucha contra las drogas. Son casi US$40.000 millones los que destina anualmente a perseguir a los traficantes y consumidores no solo a nivel nacional, sino que compromete a todos los países que se encuentran en su órbita de influencia. Esto ha provocado que en Colombia, en el pasado, y en México, con  una crudeza brutal en la actualidad, sean asesinados miles de militares y de líderes políticos en una guerra sin sentido contra las mafias del narcotráfico.

Para analizar el impacto que ha tenido esa legislación en los pueblos de Latinoamérica, se creó una comisión conformada, entre otros, por tres expresidentes (de Colombia, Brasil y México). En la Comisión Global de Políticas de Drogas de 2011 (en Ginebra, Suiza), plantearon que la política de persecución y criminalización del uso de drogas había sido un rotundo fracaso, y propusieron la despenalización como una posible opción. El representante de Brasil Fernando Enrique Cardoso expresó de la siguiente manera las conclusiones a las que habían llegado: “Hay que mirar a las personas afectadas como pacientes y no como criminales; tratarlos de manera humana, garantizando sus derechos fundamentales. Y se deben proponer soluciones fundamentadas y basadas en evidencias científicas”.

En Colombia, 2 hechos jurídicos marcaron una política de avanzada en la lucha contra las drogas: la sentencia C-22 de 1994, que despenalizó el consumo de la dosis mínima; y la sentencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia (de marzo de 2016), que consideró que los consumidores de drogas que carguen más de lo permitido por ley deben ser tratados como enfermos y no como delincuentes. Contrario a estos argumentos jurídicos y científicos (que consideran la adicción como una enfermedad), el presidente Iván Duque propone un decreto por medio del cual “la Policía pueda confiscar cualquier dosis de droga que encuentre en las calles de Colombia, con el objetivo de proteger a nuestros niños”. Este es, sin duda, un salto hacia atrás en la política de despenalización. La lucha contra las drogas se debe basar en la educación y no en la represión, tema que desarrollaré en la próxima columna.

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Uriel Escobar Barrios