Candidato que intervino en la gestión de negocios

Un candidato a la Alcaldía de un municipio estaría inhabilitado si un año antes de la elección (octubre de 2.019) intervino en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Así lo indica el artículo 37 numeral 3º, de la Ley 617 de 2.000.

Esta norma contiene dos condiciones distintas que debemos explicar. Primero, cuando el candidato ha realizado gestiones ante una entidad pública el nivel municipal para beneficio el ente territorial, dentro del período antes mencionado. Así que la gestión la hizo con una entidad del orden nacional, no aplica la inhabilidad, y mucho menos cuando se trata de una entidad privada así sea del nivel local. Me explico: Pedro el Escamoso gestionó recursos ante Findeter para invertir en el municipio de Aracataca; puede ser candidato a la alcaldía de ese municipio, pues no tiene inhabilidad alguna. De igual manera, ese candidato consiguió recursos con una ONG internacional para invertir en ese municipio, tampoco se da la inhabilidad.

Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Quinta, Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO Bogotá D. C., cinco (05) de marzo de dos mil doce (2012) Radicación número: 11001-03-28-000-2010-00025-00 Actor: ANDRIAN DAVID CAÑATE MANCERA, ha dicho: “En particular, la conducta prohibida -intervención en la gestión de negocios- consiste en la realización de diligencias encaminadas a obtener un beneficio de lucro o uno extra patrimonial de parte de una entidad del Estado. Así mismo, la gestión que configura esta inhabilidad debe ser realizada directamente por el que luego es candidato o elegido y tiene que ser “potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente.” Adicionalmente, la jurisprudencia ha advertido que esta inhabilidad es distinta a la otra que se configura por intervención en la celebración de contratos ante entidades públicas, a pesar de que en la mayoría de los casos las gestiones ante el Estado apunten a un contrato estatal. Son las diligencias previas al contrato, es decir, los acercamientos a una entidad pública para concretar el negocio o las propuestas que efectivamente se le hagan, las que se enmarcan en la prohibición en estudio, aún en los eventos en que lo pretendido no se concrete”.

Por: Francisco Cuello Duarte

Abogado experto en Derecho Electoral

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