• Camioneros definen en una semana si van a nuevo paro nacional

    RAM / Será el próximo 10 de febrero cuando los camioneros de Colombia decidan en la ciudad de Manizales, si nuevamente adoptan un paro nacional como forma de protesta contra el gobierno nacional.

    El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Pedro Agruilar, dijo que si bien no se ha hablado todavía de parar sus actividades en el transporte de carga, en esta fecha se definirán las medidas que se adoptarán para hacerse escuchar de nuevo.

    Aguilar señaló que: “los camioneros nos reunimos el próximo fin de semana en la ciudad de Manizales a tomar una decisión con respecto a las políticas equivocadas del gobierno nacional en cabeza del ministerio de Transporte”.

    Los transportadores rechazan además la decisión que reviviría la posibilidad de favorecer a los que al parecer no tienen todos los documentos para prestar el servicio de transporte de carga y aún así lo hacen.

    Aguilar sostuvo que: “fuera de que no nos cumple sacaron el decreto 153 donde prácticamente reviven la poliza y le dan la oportunidad a la gente que hace muchos años ingreso vehículos faltos de documentos a la matrícula y hoy simplemente se les quiere legalizar con una poliza para aumentra más la sobre oferta”.

    A través de las redes sociales y los servicios de mensajería en celulares, ya se estaría convocando por particulares anónimos a una protesta para el próximo 20 de febrero. Los transportadores no confirmaron esta fecha.

    Nuevo decreto del Mintransporte no gustó a transportadores de carga

    La cartera expidió una norma para acabar con lo que denomina «malas prácticas» en el sector. Da opciones para «normalizar» los registros, como la chatarrización o el pago de una caución.

    Luego de que el viernes pasado el Ministerio de Transporte expidiera el Decreto 153 del 3 de febrero de 2017, según la cartera, para eliminar “malas prácticas” en el sector transportador de carga, se empiezan a conocer las primeras reacciones del gremio camionero.

    De acuerdo con la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), la medida “no es contundente en lo que se necesita, que es sacar esos carros mal matriculados”. La nueva norma a la que se refiere busca que los camiones que tuvieron alguna omisión en sus registros no puedan transportar carga.

    La medida ordena que el Ministerio en un máximo de 30 días hábiles, contados a partir del 3 de febrero de 2017, envíe a los organismos de tránsito los listados de los vehículos que “presuntamente presentan omisiones en su registro inicial”, dice el decreto. Luego, esos organismos tendrán dos meses para verificar los listados, reportar al Ministerio los resultados de ese procedimiento e informar a los propietarios de los vehículos que tengan alguna omisión en sus registros.

    Entre las irregularidades de las que trata el decreto está la de haber obtenido un registro de un vehículo “sin la certificación de cumplimiento de requisitos”, con certificaciones que eran para otros vehículos o que no fueron expedidas por el Ministerio de Transporte.

    Además, las omisiones o irregularidades que tengan las matrículas de los camiones quedarán consignadas en el Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, para que esa información pueda ser consultada.

    Los propietarios que sean notificados de algún problema con sus matrículas tienen un año para “normalizar” su situación, con alternativas como chatarrizar un vehículo de carga equivalente al registrado con alguna anomalía, cancelar el valor de una caución o utilizar certificados de cumplimiento de requisitos que no hayan sido empleados con anterioridad para la reposición de un vehículo carga.

    De acuerdo con la ATC, “el decreto debería ser solución para bajar la sobreoferta, pero no es así, dilata y da prioridad a que ingrese dinero y no a que se baje la sobreoferta y que se saquen de circulación los mal matriculados”, expresó Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de ese gremio.

    En los últimos días, desde otras organizaciones, se escucharon voces de convocatoria a un posible paro para finales de febrero. La última huelga del sector se presentó entre junio y julio del 2016 y duró 47 días.

    La ATC, que durante el sábado estuvo estudiando la nueva medida con su equipo jurídico, expresó: “siempre buscamos el diálogo con el Gobierno, pero conversamos temas y otras cosas diferentes salen”. El Espectador intentó consultar a otros gremios sobre el impacto del nuevo decreto, pero al momento de esta publicación no había recibido respuesta.

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