Procurador advierte sobre presunto fraude en el plebiscito

RAM / No paran los choques entre la Procuraduría General y el Gobierno Nacional; en esta ocasión la pelea originó la directiva presidencial No. 5 en la cual se permite a los funcionarios públicos hacer pedagogía por la paz y participar en la campaña del Plebisicito.

En esta ocasión el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, no sólo cuestionó dicha directiva sino que la demandó ante el Consejo de Estado.

Ordoñez Maldonado señaló que tal directiva «constituye una descarada violación al ordenamiento jurídico y una abierta invitación del Presidente a los servidores públicos para que violen la Constitución».

Señaló que a la Procuraduría le corresponde «la vigilancia de la conducta de los servidores públicos para garantizar la vigencia del ordenamiento jurídico. Debe garantizar la transparencia de los mecanismos de participación ciudadana y el derecho fundamental al voto».

Para el jefe del Órgano de Control, es claro que la orden del Presidente a todos los servidores públicos «de utilizar bienes del Estado y recursos públicos para la campaña del plebiscito es un abuso de poder orientado a imponer, por todo los medios, legales e ilegales, la decisión compartida del Gobierno y de las Farc».

En ese punto hizo una grave revelación y aseguró que «la Procuraduría ha recibido múltiples quejas de alcaldes y gobernadores» sobre supuesta «presión del Gobierno Nacional».

«Están atemorizados. Temen que se castiguen sus departamentos y municipios con reducción de recursos públicos, si no hacen campaña a favor del Acuerdo Santos/Timochenko.

Señor presidente: hacer trampa en el plebiscito deslegitima los resultados del 2 de octubre» precisó.

¡Agregó que el presidente de la República “está obligado a respetar la Constitución! Por más que usted lo diga, el Presidente no puede hacer lo que se le dé la gana y si lo hace es porque ya no estamos en una democracia sino en una dictadura».

«Desconocer la sentencia de la Corte Constitucional y confundir a los ciudadanos con publicidad engañosa que iguala el derecho a la paz con el Acuerdo Santos/Timochenko, deslegitima el plebiscito» indicó.

Ordóñez Maldonado advirtió que el presidente «rechaza el control de la Procuraduría porque considera que ningún órgano del Estado lo puede o lo debe controlar».

«La directiva emitida por el presidente, la política de extorsión y chantaje que el Gobierno implementa contra las autoridades regionales, los contratistas y las empresas privadas; la utilización de los recursos del Estado de forma indebida, demuestran que frente al plebiscito hay un fraude en marcha, que me corresponde denunciar» añadió.

Indicó que rechaza el control «porque no quiere que se denuncie ante la opinión pública el fraude a las reglas del plebiscito que se está haciendo desde el Gobierno».

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